La Organización para la Cooperación y el Desarrollos Económico (OCDE) es una organización internacional fuera del sistema multilateral de Naciones Unidas caracterizada por emitir “recomendaciones” centradas en la disminución del papel del Estado en materia productiva, de biodiversidad, agrícola y también “recomienda” la privatización de instituciones públicas; recortes de presupuestos en materia de salud, educación y alimentación. La palabra recomendaciones se encuentra entre comillas ya que los países miembros de la OCDE rara vez desestiman estas y por el contrario se vuelven ley aunque teóricamente no son vinculantes para sus miembros. Entonces ¿porqué sus 34 países afiliados las acatan?
A nivel internacional los lineamientos de la OCDE han servido para homologar, homogenizar y crear políticas públicas nacionales acorde a los Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones entre empresas y gobiernos. Esta manera de generar reformas de política internacional es mucho más rápida por la vía de la OCDE ya que esta no pertenece al sistema de Naciones Unidas. Es decir que no está sometido a ningún control de ningún órgano de decisiones multilaterales en temas de la justicia internacional, ni mucho menos, en materia de Derechos Humanos.
Ahora bien en Costa Rica han decidido comenzar una tercera reforma estatal de corte neoliberal, nuevamente empezando desde el agro y el campo. Un sector severamente golpeado por procesos de cambio en materia de política económica marcados de forma importante en dos momentos: entre 1985 y 1991 con los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y en 2007 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (CAFTA por sus siglas en ingles). Ahora estamos a las puertas de un tercer momento donde la OCDE y el gobierno la venden cómo el camino a seguir sin decirnos qué significa en realidad.
La incorporación de Costa Rica al Comité de Agricultura de la OCDE, tal y cómo lo promovió el ex-ministro Luis Felipe Arauz y ahora con el respaldo de su sucesor, Renato Alvarado, lleva camino recorrido de al menos dos administraciones anteriores y ha tenido impacto real pese a que Costa Rica hasta hoy fue aceptada para integrar este costoso club.
Ya conocemos los decretos de plaguicidas anticiencia. Estos generan polémica sobre la efectividad real de dichos decretos para la “modernización el mercado agrícola y la reactivación económica» en la coyuntura el COVID-19, porque en la realidad se ha comprobado que es un intento por incorporar venenos que no han sido aceptados en al país. Esto gracias a que los departamentos especializados en análisis de plaguicidas en MINAE los han rechazado en su momento por no cumplir con la normativa nacional.
Muchos de estos plaguicidas no son ni siguiera “de punta” ya que algunos tienen más de 10 años de antigüedad y que ninguno se ha sometido a pruebas ecotoxicológicas contextualizadas para los agroecosistemas costarricenses.
Además esta insistencia de la OCDE busca profundizar otras acciones que impactan directamente en la cotidianidad de las comunidades agrícolas del país. Hablamos de la “Agricultura Climáticamente Inteligente” (ACI) o ahora llamada Agricultura 4.0, un nombres sexis para llamar a la intensificación de la agricultura a partir de más agriquímicos, biología sintética, drones fumigadores y tecnologías obsoletas como los Organismos Genéticamente Alterados (transgénicos), los cuales tienen 20 años de prometernos resolver los problemas de producción a nivel global pero que no ha sido así, todo lo contrario a intensificado la crisis por los altos costos ambientales y sociales que conlleva esta forma de agronegocio.
Lo sabido sobre la Agricultura Climáticamente Inteligente es que no ataca los problemas reales del Cambio Climático. La ACI tiene el objetivo de generar productos financieros para que las empresas contaminantes compren y vendan “bonos de carbono”, algo similar a las acciones de las bolsas de valores, pero con un supuesto respaldo en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) donde las mismas empresas de las plantaciones dicen absorber con sus monocultivos aún y cuando estos deforesten y sigan contaminando. En la práctica funcionan como permisos para contaminar y deforestar.
Este espaldarazo a la política pública neoliberal en materia agrícola por parte de la OCDE viene a reforzar un modelo agotado, explotador y excluyente. Un modelo basado en monocultivos contaminantes, la deforestación, explotación laboral, especulación y acaparamiento de tierras y de mercados; con el agravante de tener el maquillaje verde puesto y ser un engaño tanto para el país como para el mundo. Este lavado de imagen de las actividades más nocivas para planeta conocida comúnmente como Economía Verde.
Henry Picado Cerdas
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y parte de la Federación para la Conservación de la Naturaleza