Derechos ambientales, naturaleza y lucha por los recursos

Por Elsa Valverde*

Lucy es una niña de 2 años que nació en un tiempo convulso y, aunque su conciencia aun no le permite entender muchas cosas, hay situaciones ocurriendo en el mundo que la afectan para bien o para mal. Gracias a la pandemia, ahora su mamá la cuida todos los días, ya que no tiene que salir a trabajar. La Tierra se está calentando progresivamente, hay una ola de racismo, y actos xenófobos sucediendo por doquier. Ella, sin embargo, está feliz, aun tiene su gato y está construyendo su memoria ecológica, social y colectiva.

Al igual que Lucy, todas las personas nacidas en Costa Rica son sujetas de derechos. En cuanto al medio ambiente, nuestra Constitución Política establece en su artículo 50 que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan este derecho y para reclamar la reparación del daño causado”.

Esto adquiere un significado político, ya que el y la ciudadana, por derecho constitucional, está en la capacidad de reclamar y defender su memoria ecológica. Lo mismo se hace evidente en la Ley Orgánica del Ambiente N. 7554. Artículo 2.e. cuando establece que el daño al ambiente constituye un delito de carácter social, económico, cultural, y ético. Esta ley define las responsabilidades del Estado y una serie de mecanismos y organizaciones para asegurar el cumplimiento del mencionado artículo 50.

En estas condiciones, y también bajo el amparo de convenios internacionales en materia ambiental, Lucy podría sentirse tranquila viviendo en un país que resguarda su seguridad y la del medio ambiente. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico, al igual que el de la mayoría de los países, no considera los derechos de la naturaleza. Desde nuestra óptica capitalista y occidental, como bien señala Padua (2009), “tenemos el vicio de pensar que la naturaleza está parada y solo nosotros nos movemos, pero no, la naturaleza camina, cambia, se transforma. La segunda vez que entras en el río son otras aguas. Hay estrellas que nacen y mueren” (p. 7).

La percepción occidental no podría estar más alejada de la verdad: los seres humanos formamos parte de la naturaleza misma y esta es un ser vivo merecedor de derechos. Países como el Ecuador, en el 2008, y Bolivia, en el 2009, han sido pioneros en incluir estos derechos en su ordenamiento jurídico. Murcia (2012) explica:

En ambas legislaciones se reconoce a la naturaleza (Pachamama o Madre Tierra) como un sujeto titular de derechos ubicada espacialmente aquí (indivisible, de la que somos parte) y temporalmente ahora (de la que dependemos la generación humana presente y las futuras (“además de otros seres vivos”, conforme la constitución de Bolivia ), frente al cual los particulares tienen ciertos deberes y los Estados tienen las obligaciones similares a las obligaciones que el derecho internacional ha desarrollado en materia de derechos humanos. (p.93).

Gracias a esta legislación, al menos en la teoría, la naturaleza está amparada y protegida por derecho constitucional. Asimismo, se rompe con la disociación occidental que separa a los seres humanos de la naturaleza.

Sin embargo, poner en práctica estos derechos constitucionales no ha sido fácil. Históricamente, la idea de desarrollo occidental ha sido considerada la única opción para llevar progreso a América Latina, por lo que todos los programas de gobierno se basan en ella y apuestan por la explotación de recursos naturales y el extractivismo. De igual forma, el monocultivo se impuso como la única forma de producción y exportación en la región.

En Ecuador, por ejemplo, la inclusión de los derechos de la naturaleza en su Constitución Política, fue el resultado de años de lucha y de la llegada al poder de un gobierno progresista. No obstante, fue el mismo Rafael Correa quien apoyó abiertamente la megaminería y el extractivismo con el fin de llevar a cabo su política desarrollista. Murcia (2012) critica el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador:

(…) cambió de nombre a Plan del Buen Vivir y propaga la necesidad de superar el extractivismo, pero en la práctica no se cumple este lema, ni siquiera en el propio plan. En realidad, el gobierno de Correa ahondó el extractivismo –incluso más que los anteriores regímenes neoliberales–, para supuestamente “salir del extractivismo”. (p.120).

Los planteamientos de los denominados gobiernos de izquierda durante los años 2000 en América del Sur fortalecieron una mayor dependencia de mercados extranjeros debido al aumento sostenido en los precios de las materias primas y, por ende, del extractivismo.

A nivel general, en América Latina, los Programas de Ajuste Estructural (PAE) en los años 90 y la exportación casi exclusiva de materias primas, sujeta al ajuste de precios por oferta y demanda en mercados internacionales, consolidó la dependencia financiera. Durante los años 2000, y producto de la bonanza en el precio de las materias primas, hubo un cambio positivo en números, y la situación financiera favoreció la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y el extractivismo. Al cerrar la década, la promesa de una mejor distribución de la riqueza se hizo difícil de cumplir y los proyectos de desarrollo se financiaron con deuda. Consecuentemente, la firma de tratados internacionales de libre comercio se tornó casi una imposición/solución a los problemas económicos y al endeudamiento en la región.

La propuesta de “desarrollo” para América Latina es evidentemente insostenible, y pone de manifiesto la inestabilidad de los Estados latinoamericanos obligados a aceptar tratados comerciales injustos y a financiar sus proyectos políticos y de crecimiento con deuda. Azamar y Carrillo (2016) comentan al respecto:

Los actuales niveles de deuda económica que se presentan en la región derivan de los convenios emitidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y los Programas de Ajuste Estructural (PAE), promotores de las reformas económicas neoliberales acordadas en el Consenso de Washington, las cuales resultaron adecuadas para propiciar la apropiación de los recursos naturales por parte de los países desarrollados en un marco de apertura económica. (p. 46).

La apertura comercial, el aumento en la deuda externa y hasta el progreso económico de los países del sur beneficia más a los países del norte, ya que, en cualquier caso, se promueve el uso de recursos naturales y la explotación de materias primas alterando la balanza de pagos y fortaleciendo la situación de dependencia.

Ante estas realidades, a partir de los años 90, se empezó a discutir en América Latina el concepto de deuda ecológica en contraposición al de deuda externa. La deuda ecológica supone que los países del norte tienen una deuda con los países del sur como resultado de una historia de extracción de recursos naturales y materias primas que inició con la colonización y continúa hasta nuestros días.

Al respecto, y en favor de la deuda ecológica se pronunciaron los presidentes Evo Morales y Fidel Castro, así como el Papa Francisco. Martínez (2006) resalta la importancia de la encíclica papal y advierte lo siguiente:

La deuda externa de los países pobres se convirtió en un instrumento de control político, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica, pues no hay instancia dónde reclamarla ni fuerza para hacerlo. Los pueblos del Sur, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. (párr. 5).

Esta fuerte crítica de Martínez evidencia las carencias del modelo de “desarrollo” económico impuesto para América Latina y la complejidad que deviene del cálculo de la deuda ecológica. Aspectos como la contaminación, los conflictos socioambientales y el costo de oportunidad por los beneficios que se dejan de percibir, asociados, por ejemplo, a sembrar productos sanos y diversos, son difíciles de calcular.

En contraposición, nacen propuestas como el capitalismo verde que pone en términos económicos el uso y daño que se hace de los recursos ambientales. Sin embargo, esta propuesta surge de la necesidad misma del sistema económico que busca justificar y “tranquilizar” a las empresas, grupos y personas con “conciencia ambiental”. Al respeto, Lohman (2012) nos dice que “la economía verde es, en realidad, un nuevo intento de demostrar lo indemostrable: resolver la crisis ambiental del planeta sin modificar el sistema económico actual ni las relaciones globales de poder, económicas y de mercado existentes.” (p. 9). La economía verde considera que las empresas e industrias pueden seguir produciendo, siempre y cuando devuelvan al ambiente una compensación económica por los daños causados.

El capitalismo verde y otras alternativas verdes que surgen en el seno del extractivismo buscan silenciar a ambientalistas y a grupos indígenas que luchan por sus territorios. Según datos de Global Witness (2018), América Latina es la región del mundo con más asesinatos de defensores ambientales. Lamentablemente, estas muertes rara vez son procesadas, y los asesinos impunes logran intimidar a otros miembros de la comunidad. Sierra (2019) sobre las causas detrás de los asesinatos comenta:

Los conflictos asociados a la minería siguen ocupando el primer lugar. La agroindustria es la siguiente en la lista, mientras que la defensa de las fuentes de agua se ubica en el tercer lugar con 17 víctimas, 13 más de las registradas en el 2017. (párr. 5).

En Costa Rica, a pesar de la imagen de país verde, nuestra historia también ha favorecido los intereses de compañías extranjeras. Si pensamos en Lucy y en su memoria ecológica, esta se construirá a partir de lo que le enseñe su familia y lo que aprenda en la escuela. Desde esta perspectiva, podemos pensar que Lucy escuchará hablar de las concesiones hechas a Minor Keith a cambio de la construcción del ferrocarril al Atlántico. Tal vez escuche mencionar algunas injusticias cometidas en detrimento del ambiente y de algunas poblaciones minoritarias, pero quizás nunca llegue a saber los nombres de líderes ambientalistas asesinados en el país, como Jairo Mora en el 2013 y, más recientemente, el líder indígena Jerhy Rivera en el 2020.

Nuestra memoria ecológica y colectiva como costarricenses, incluida la de la pequeña Lucy, se construye a partir de todos estos eventos, incluyendo los que se invisibilizan. Por ello, no sorprende que en Costa Rica, a pesar de la poca confianza en nuestras leyes y en el sistema, muchos costarricenses defendamos nuestro derecho a un ambiente sano.

El término de justicia ambiental pretende demostrar que los daños ambientales, por lo general, afectan más a las minorías y a poblaciones en riesgo. Estas afectaciones y desigualdades crean divisiones, protestas y conflictos socioambientales. Martínez (2008) señala:

Hay protestas sociales debido a que la economía deteriora la naturaleza. A veces los afectados son generaciones futuras que no pueden protestar porque aún no han nacido, o unas ballenas que tampoco van a quejarse. Pero otras veces los desastres ecológicos afectan también a personas actuales que protestan. Son luchas por la justicia ambiental, luchas del ecologismo de los pobres.” (p. 12).

En Costa Rica, existen muchos grupos/personas y movimientos sociales luchando por el ambiente y resguardando a poblaciones vulnerables de los efectos del daño ambiental. Al respecto, resalto las luchas por proteger el agua que se llevan a cabo en distintas poblaciones del país, ya que, aun con la reciente promulgación de la Ley de Aguas Nº 276, en 2006, las realidades nos muestran que las compañías extranjeras siguen acaparando su uso, algunas veces perjudicando incluso la salud de los y las costarricenses.

En el 2015, antes de las mencionadas modificaciones a la Ley de Aguas, Silvetti y Cáceres (2015) exponen el caso de la comunidad de Siquirres:

Un caso que marcó la orientación de las estrategias de las luchas campesinas en el país fue el de la contaminación del agua, en el cantón caribeño de Siquirres, por parte de la empacadora piñera Del Monte. Debido a las denuncias presentadas por la población y a estudios realizados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad de Costa Rica (Castillo y Ruepert, 2004; De la Cruz et al., 2004), y corroborados por el Laboratorio Nacional de Aguas (Sequeira, 2007; Arellano et al., 2009), se constató la presencia de porcentajes no permitidos de Bromacil, Diurón y Tradimefón (agrotóxicos que se emplean en el cultivo de piña) en el agua del acueducto del cantón. Ante este grave problema, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) inició el suministro de agua potable a las comunidades mediante camiones cisterna, y se comprometió a contratar un estudio hidrogeológico para caracterizar y delimitar la zona contaminada, y a la construcción de un nuevo acueducto. (p. 14).

La expansión de las piñeras en la región Caribe y Huetar Norte del país —y la introducción de nuevas variedades de piña— ha provocado una serie de conflictos socioambientales relacionados con el acceso al agua y la contaminación de los mantos acuíferos. Grupos indígenas, además, han visto cómo sus tierras se han concesionado en favor de compañías extranjeras. Los movimientos sociales en contra de las piñeras no se han hecho esperar y, a pesar de los esfuerzos y algunos logros, la realidad es que las pineras siguen utilizando los recursos sin planificación y en perjuicio del ambiente y de las comunidades.

Otro sector que comúnmente se ve envuelto en problemas relacionados con el agua es el turismo. Sobre el caso particular del acuífero de Sardinal, Navas y Cuvi (2015) comentan:

El caso detonó en 2008, cuando la comunidad se percató de la construcción de un acueducto —que había sido negociado desde 2006 entre Estado y empresa privada, sin participación de la comunidad—, que desviaría el agua del acuífero Sardinal hacia las playas El Coco y Ocotal, para abastecer hoteles, condominios, piscinas, supermercados y otros servicios relacionados con el turismo residencial. Tras protestas, manifestaciones, cierre de vías públicas, demandas judiciales, campañas mediáticas, entre otras estrategias, la Sala Constitucional de Costa Rica falló a favor de la comunidad, alegando que si se quería continuar con el acueducto, era necesaria la participación de los afectados y que al no existir certeza técnica sobre la capacidad de recarga del acuífero, su construcción violaba el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Sala Constitucional, 2010). (p. 110).

En el ejemplo anterior, la Sala Cuarta falló en favor de la comunidad. Sin embargo, lo que se rescata aquí no son las instancias administrativas, sino el poder de organización de una comunidad para defender su derecho al agua y a un ambiente sano. Sardinal es una zona turística y tener una comunidad organizada es una oportunidad para mantener el resguardo no solo de sus aguas, sino también de sus tierras y hacerles frente así a nuevos proyectos de desarrollo.

Al hacer un balance del panorama mostrado, es fácil entender que en Latinoamérica nuestra historia social, colectiva y hasta económica favorece el extractivismo y el uso y abuso de la naturaleza. La balanza se inclina en beneficio de las compañías extranjeras y países del norte que tienen la capacidad económica para extraer recursos y para generar productos que se “necesitan” a nivel global. Los y las ciudadanas siempre podemos hacer frente a esta situación haciendo uso de alternativas que nos demuestran a nosotros mismos y a nuestras comunidades que existen otras formas de desarrollo.

Lucy apenas tiene 2 años, pero disfruta mucho comprando frutas y verduras en la Feria del Agricultor, además le encanta recoger moras en el patio de su abuela. Esto afortunadamente también es parte de su memoria ecológica. La soberanía alimentaria y el preferir productos locales es una forma de resistencia. Intercambiar productos y servicios con amigas y amigos o miembros de la comunidad es otra alternativa para combatir las imposiciones del sistema. Todas estas estrategias son el mejor ejemplo para las futuras generaciones que cada día se enfrentan a más adversidades.

Referencias bibliográficas

Azamar, Aleida y Carrillo Graciela. (2006). Extractivismo y deuda ecológica en América Latina. Revista Luna Azul, (45), 400-418. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/3217/321753629020.pdf

Constitución Política de Costa Rica, 1949.

Ley Orgánica del Ambiente (N. 7554, 1995). Costa Rica.

Ley de Aguas (Nº 276, 2006). Costa Rica.

Lohmann, Larry. (2012). Economía Verde. En Bonilla, N. y Del Olmo, A. (Eds.). Capitalismo Verde. N°8. (pp. 9-44). Quito: Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo.

Martinez-Alier, Joan (2006). Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. POLIS, Revista Latinoamericana, 5(13). Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30551307

Martínez, Joan. (2008). Conflictos ecológicos y justicia ambiental. Papeles, 103, 11-27. Recuperado de https://www.fuhem.es/papeles_articulo/conflictos-ecologicos-y-justicia-ambiental/

Murcia, Diana. (2012). La naturaleza con derechos: un recorrido por el derecho internacional de los derechos humanos, del ambiente y del desarrollo. Quito: Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Recuperado de http://www.accionecologica.org/images/2005/ddnn/DDNN_murcia.pdf

Navas, Grettel y Cuvi, Nicolás. (2015). Análisis de un conflicto socioambiental por agua y turismo en Sardinal, Costa Rica. Revista de Ciencias Sociales, 150, 109-124. Recuperado de https://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/RCS150/08Navas.pdf

Padua, José Augusto (2009). Pensar la historia ecológica. En Bonilla, O. (Ed.) Una aproximación a la historia ecológica del Ecuador y Latinoamérica. (pp. 4-24). Quito: Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo.

Sierra, Praeli (2019). América Latina: la región con más asesinatos de defensores ambientales en el 2018. Recuperado de https://es.mongabay.com/2019/07/america-latina-asesinatos-defensores-ambientales-2018-informe/

Silvetti, Felicitas y Cáceres, Daniel. (2015). La expansión de monocultivos de exportación en Argentina y Costa Rica. Conflictos socioambientales y lucha campesina por la justicia ambiental. Mundo Agrario, 16(32). Recuperado de https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n32a08/6864

*estudiante de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, IDELA-UNA, en el marco del curso Derechos ambientales, naturaleza y lucha por los recursos. Aportes y revisión del profesor Mauricio Álvarez M. Edición de Lic. Mariana Castillo Rojas.