Por Henry Picado y Silvia Rodríguez Cervantes
En el centro de todos los sistemas alimentarios está la semilla. El principio y el fin del ciclo de la cultura de la tierra: la agri-cultura. En los últimos años se han establecido mecanismos legales que nos arrebatarían esta herencia construida por más de 800 generaciones.
El afán por apropiárselas y obstaculizar su uso tradicional, está avanzando en el mundo por la propiedad intelectual de las semillas, impulsada entre otras organizaciones por la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) y por la obligatoriedad de registrarlas y certificarlas si se les quiere comercializar. Esto ha sido impulsado desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), iniciada por países europeos a fines de los años cincuenta. Actualmente hay sesenta y un países que han adoptado las directrices de la OCDE para la certificación y registro de semillas, sean o no miembros de esta organización. Hay otro gran número de países que las han adoptado fuera de ella pero bajo el mismo esquema.
Por el número de integrantes de la OCDE, daría la impresión de ser una organización pequeña; sin embargo, su influencia ha sido muy grande en los acuerdos de reuniones internacionales relacionados con las semillas. Por ejemplo, desde 1996, año en el que se celebró el Año de la Biodiversidad Agrícola en Leipzig, la organización internacional GRAIN ya alertaba que el principal obstáculo que impidió avanzar en aspectos jurídicos en relación con el “… acceso a los recursos genéticos, al establecimiento de los derechos de los agricultores y los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas a controlar sus recursos genéticos”, fue “….el comportamiento de las delegaciones de los países miembros de la OCDE…”
En ese mismo artículo, al analizar los resultados de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en diciembre de 1996, GRAIN asegura que los miembros de la OCDE desviaron la atención de uno de los temas que más preocupaba a los países en desarrollo, como era la puesta en práctica de los acuerdos agrícolas.
Surge un nuevo bloque para el control de las semillas. Recientemente, hemos observado que para consolidar los derechos de obtentor de la UPOV como para armonizar las diversas leyes de certificación de semillas, se han creado estructuras que encadenan organizaciones aliadas pero dispersas y que unifican objetivos fragmentados. Con ellas se abriría la posibilidad de crear un marco normativo internacional con objetivos generales comunes que permitan dominar con mayor fuerza el mercado de la alimentación y de otros productos industriales derivados desde sus primeras fases como la agrícola. Así los eslabones se irían reuniendo y afianzando para conseguir mejores resultados.
Uno de esos bloques, impulsado por la OCDE, es la Alianza Mundial de Semilla (AMS), formada inicialmente por cuatro organizaciones o asociaciones con objetivos económicos comunes: la OCDE, la UPOV, la ISF (Federación Internacional de Semillas) y el ISTA (Asociación Internacional de Análisis de Semillas), a los que después se unió la Organización Mundial de Agricultores (AMA). Este proceso de asociados heterogéneos pareciera haberse consolidado de manera relativamente rápida. Conocer sus propuestas nos permitirá oponernos con conocimiento de causa a sus “sugerencias” en materia de semillas, que contribuirían a redondear el conocimiento que tenemos hasta ahora. Por investigaciones del Grupo ETC sabemos que cuatro quintas partes de nuestros alimentos los cultivan personas en pequeños terrenos, con menos del 25% de la tierra sembrada en el mundo y con una quinta parte del agua utilizada para la agricultura a nivel global. Es decir, campesinas y campesinos en pequeña escala alimentan al mundo en su gran mayoría, siendo las semillas el insumo primordial que cada vez está en mayor riesgo de perder su autonomía. Para defenderla debemos seguir conociendo y analizando las esferas legales internacionales y nacionales que ponen en riesgo esa libertad.