¿Quiénes defienden a los que nos defienden?

Por Mauricio Alvarez Mora, docente UCR-UNA y ecologista

Según la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, se usa la expresión “Defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Esta labor ha demostrado ser fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo.

Las defensoras y defensores se sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos, porque ponen al descubierto la inmensa brecha entre los compromisos retóricos de los gobiernos y su limitado cumplimiento en la práctica. Su labor incomoda a las autoridades y a poderosas élites políticas, militares y económicas; por lo cual los defensores y defensoras asumen serias amenazas y riesgos que en muchos casos terminan en su asesinato. Se ha documentado ataques contra estas personas en la mayoría de los países del mundo, pero en especial en América Latina. Tales ataques adoptan formas y grados diversos: amenaza continua, intentos de desacreditar su trabajo, encarcelamiento injusto, tortura e incluso asesinato. Esta amenaza también se hace extensible a sus familiares.

Entre estas personas defensores hay abogadas y abogados que han asumido esta importante labor de manera colectiva o individual. Su tarea no se limita únicamente a defender a otras personas defensoras, sino a hacer una promoción y defensa de los derechos humanos. Tanto las personas abogadas defensoras de los derechos humanos que desafían a las instituciones como las personas responsables por la violación de derechos humanos, pagan un precio extremadamente alto: Se vuelven objeto de intimidaciones y represiones debido a la naturaleza de los casos en los que trabajan. Su trabajo puede verse obstruido; pueden ser perseguidos, observados, acosados o estar sujetos a enjuiciamientos falsos; e incluso pueden ser asesinados o “desaparecidos por la fuerza”. Muchos abogados también se ven obligados a exiliar porque temen por su vida.

Un caso emblemático es el de los abogados y abogadas exmiembros y miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia, este colectivo y varios abogados que en algún momento estuvieron vinculado al grupo denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hechos de violencia, intimidación, hostigamiento y amenazas desde la década de 1990 y hasta la actualidad, vinculados a sus actividades de defensa de los derechos humanos. En la presentación del caso alegan que han sido víctimas de seguimientos en diversos lugares por parte de personas cuya identidad no se encuentra acreditada a fin de establecer si se trató o no de agentes estatales. Sin embargo, se argumenta que el Estado realizó acciones que contribuyeron activamente a la materialización de los hechos de violencia, tales como labores arbitrarias de inteligencia, así como pronunciamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios.

Específicamente en relación con las presuntas actividades de inteligencia, se argumenta que las labores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a través de un grupo especial de inteligencia estratégica, incluyeron monitorear las actividades laborales de las y los abogados; interceptar sus llamadas de teléfonos fijos, celulares, y correos electrónicos; y realizar fichas personales de cada integrante con sus datos personales. La situación vivida por las presuntas víctimas generó gran inseguridad y un temor fundado, lo cual provocó el exilio de varios de las personas abogadas junto con sus respectivas familias. El pasado 12 y 13 de mayo estuvieron en audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, donde se espera sentar las bases de justicia para las víctimas y las personas defensoras, para establecer un precedente importante donde se “defiendan los derechos de las personas que nos defienden”.

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