El Instituto de Investigaciones en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional publicó un informe técnico en dónde demuestran que Costa Rica es un alto consumidor de plaguicidas considerados altamente peligrosos: las sustancias usadas en la agricultura convencional más aplicadas en los campos costarricenses, como mancozeb, glifosato, 2,4-D, clorotalonil, diazinon, clorotalonil, paraquat, diuron, etoprofos, clorpirifos, oxamil, entre otras, se consideran de alta peligrosidad.
Los criterios para identificar los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) son: alta toxicidad aguda, efectos tóxicos a largo plazo (crónicos) para el ser humano, alteración endocrina, peligro ambiental, riesgos para los servicios ecosistémicos (por ejemplo, toxicidad para las abejas) y aquellos que son causa de una alta incidencia de efectos adversos graves o irreversibles. Algunos de estos criterios se encuentran como regulaciones internacionales manifestadas en los convenios de Estocolmo, de Rotterdam y el Protocolo de Montreal.
El Dr Fernando Ramírez, autor de este estudio, demostró que de los 10 plaguicidas más usados en el país, 8 son PAPS, y el 90% del total de plaguicidas que usa Costa Rica cumplen con las características para considerarlos PAPs. Con base en la evidencia científica reconocida por organismos internacionales y nacionales especializados en el tema, sobre la peligrosisdad que presentan ciertos plaguicidas, se hace necesario un cambio en la legislación existente para aplicar los criterios de precaución e incorporar criterios de exclusión que permitan cancelar y no autorizar más registros de plaguicidas considerados PAPs, buscando el bien común de protección y respeto de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente.
Ramírez destacó que: “el uso de los PAPs, por las características que poseen, representa un grave riesgo a la salud humana y al medio ambiente, y vulnera un conjunto de derechos humanos, como son el derecho a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud, a la protección de los niños, de los trabajadores y al derecho constitucional de tener un medio ambiente sano y equilibrado, y a una alimentación adecuada, entre otros. Esto lo han reconocido los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas en el tema de sustancias químicas y desechos peligrosos.”